¿Quién controla nuestros datos?

Cada vez que utilizamos una plataforma dejamos información. Asistencias. Calificaciones. Mensajes. Horarios. Preferencias. Producciones escolares. Datos personales de estudiantes y familias.

Muchas veces entregamos esa información sin conocer con precisión dónde se almacena, quién puede acceder a ella o durante cuánto tiempo permanece disponible.

La escuela produce conocimiento. También produce datos. Y los datos tienen valor económico, político y administrativo. Por eso debemos preguntarnos: ¿Quién es propietario de la información que producimos colectivamente?

La respuesta no puede ser que los datos pertenecen automáticamente a quien diseñó la plataforma donde fueron cargados. La comunidad educativa no debería convertirse en una fuente gratuita de información para empresas o sistemas administrativos que luego utilizan esos datos sin participación de quienes los produjeron.

La privacidad no es solamente un asunto individual. Es una cuestión colectiva. Proteger los datos de los estudiantes significa proteger su intimidad. Proteger los datos de los docentes significa proteger sus derechos laborales. Proteger los datos de una institución significa preservar parte de su memoria y su autonomía.

Una escuela democrática necesita discutir también su soberanía sobre la información.