Protocolos, litigiosidad y rol docente: una discusión urgente
En las últimas semanas, a partir de hechos graves ocurridos en escuelas, se han difundido protocolos de actuación frente a amenazas y presencia de armas. La reacción de gran parte de la docencia no es casual ni exagerada: expresa un malestar acumulado frente a una transformación silenciosa pero profunda del trabajo educativo.
Este documento propone ordenar ese malestar y convertirlo en debate. Porque lo que está en juego no es solo un protocolo: es una pregunta sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo.
1. Un límite que no debería necesitar aclaración
La escuela tiene una función pedagógica: enseñar, cuidar, vincular, detectar situaciones de riesgo y acompañar. No le corresponde evaluar amenazas como hechos de seguridad, intervenir ante personas armadas ni asumir funciones propias de fuerzas especializadas.
Cuando un protocolo sugiere ese tipo de intervención, no está fortaleciendo a la escuela: la está exponiendo. Y expone, sobre todo, a quienes trabajan en ella.
Este límite no necesita justificación extensa. Lo que sí necesita explicación es por qué ese límite se vuelve cada vez más difuso.
2. Por qué existen estos protocolos: el problema real
Los protocolos no surgen de la irresponsabilidad ni de la desconexión con la realidad escolar. Surgen, en gran medida, de una lógica que se ha vuelto dominante: ante cualquier hecho grave, alguien debe responder jurídicamente. Y ese alguien tiene que ser identificable, institucional y, en lo posible, solvente.
En ese marco, los protocolos cumplen una función que no es pedagógica sino defensiva: dejar constancia de que se actuó, de que se instruyó, de que la responsabilidad fue transferida hacia abajo.
Aquí entra en juego la responsabilidad objetiva: la tendencia del sistema a asignar culpas sin importar la intencionalidad, basándose únicamente en el hecho consumado. Como consecuencia, los seguros y las ART, en su lógica de búsqueda de resarcimiento o minimización de costos, operan como una excusa coercitiva que presiona a la institución. El docente se convierte en un «blanco financiero», el eslabón donde el sistema busca descargar el peso de una demanda civil. El resultado es conocido: indicaciones imposibles de cumplir, énfasis en el registro administrativo por sobre la acción efectiva, y la transferencia de riesgos hacia quienes no tienen los medios para gestionarlos.
3. Tres sistemas, una sola persona expuesta
Aquí está el nudo del problema.
Hoy conviven tres sistemas con lógicas radicalmente distintas:
- El sistema educativo opera con lógica pedagógica: el vínculo, el tiempo, la confianza, el error como parte del proceso.
- El sistema de seguridad opera con lógica de intervención: protocolos tácticos, jerarquía, herramientas específicas, entrenamiento.
- El sistema judicial opera con lógica de asignación de responsabilidades: busca determinar quién debió hacer qué, en qué momento, con qué medios.
Cuando estas tres lógicas se mezclan sin criterio, ocurre algo predecible: el riesgo se traslada hacia el eslabón más visible y menos protegido. El docente termina siendo evaluado con criterio judicial por situaciones que requieren respuesta de seguridad, dentro de una institución que solo tiene herramientas pedagógicas.
Eso no es un error de diseño. Es el resultado de un sistema que resuelve su propia incomodidad transfiriendo el peso hacia quienes menos pueden cargarlo.
4. La litigiosidad como transformación cultural
Este fenómeno excede a la educación. Lo mismo ocurre en la salud, en el trabajo social, en cualquier ámbito donde las personas toman decisiones en condiciones de incertidumbre y con recursos limitados.
La lógica instalada es: todo hecho puede derivar en una demanda, siempre hay que encontrar un responsable, y ese responsable debe poder pagar. En ese marco, la pregunta que organiza la práctica profesional deja de ser «¿qué es lo mejor que puedo hacer en esta situación?» y pasa a ser «¿qué puedo hacer sin que me cobren las consecuencias?».
Las consecuencias son concretas y graves: se restringen actividades pedagógicas por miedo al accidente, se debilita el vínculo docente-estudiante porque el contacto es riesgo, se prioriza el cumplimiento formal sobre el criterio profesional, se instala una cultura de autocensura que nadie declara pero todos practican.
No se trata de cuestionar el acceso a la justicia. Se trata de señalar que la forma en que hoy se asignan responsabilidades está generando efectos regresivos: no protege mejor a nadie, pero deteriora profundamente la calidad de las prácticas y de los vínculos.
5. Lo que perdemos como sociedad
Un médico que no examina de más para no exponerse. Un docente que no interviene para no comprometerse. Un trabajador social que documenta en lugar de actuar. Una maestra que deja pasar algo que ve porque el protocolo no lo contempla.
Esto no es responsabilidad individual: es el efecto acumulado de un sistema que puso el miedo al litigio en el centro de las decisiones profesionales.
Lo que se pierde no es abstracto. Se pierde criterio, se pierde vínculo, se pierde la posibilidad de que alguien actúe con humanidad en el momento en que más se necesita. Y se pierde algo más difícil de nombrar: la confianza de que las instituciones están para cuidar, no para cubrirse.
6. Qué discutir como colectivo
Este escenario exige un debate que no se reduzca a la defensa corporativa ni a la impugnación de normas específicas. Algunas preguntas concretas:
¿Qué mecanismos permiten que los docentes participen en la elaboración de protocolos, en lugar de recibirlos como instrucciones?
¿Cómo se define institucionalmente la responsabilidad ante hechos de seguridad, de modo que recaiga en los organismos competentes y no se diluya hacia abajo?
¿Qué formas de protección jurídica colectiva puede construir el sindicato frente a una litigiosidad que hoy recae sobre individuos?
¿Cómo se discute públicamente el impacto de esta lógica sobre la educación, la salud y otros trabajos de cuidado?
Conclusión
Defender el rol docente no es rechazar responsabilidades. Es exigir que cada institución cumpla la suya, sin trasladar riesgos ni encubrir falencias estructurales.
Pero este documento apunta a algo más: el debate sobre el protocolo de actuación ante armas es la entrada a una discusión que la sociedad argentina todavía no está dando abiertamente. Una discusión sobre cuánto perdemos cuando el miedo a la demanda reemplaza al criterio, cuando el seguro define lo que hacemos, cuando la autocensura se vuelve prudencia y la prudencia se vuelve abandono.
Esa discusión le corresponde también al sindicalismo. No como denuncia, sino como construcción: de otra forma de entender la responsabilidad, el riesgo compartido y el lugar del trabajo en una sociedad que todavía puede elegir organizarse de otro modo.